Las grandes tijeras de podar también han llegado al sector sanitario, produciéndose recortes en la sanidad pública, cuya inversión ya era de las más bajas de la UE antes del inicio de la crisis: de todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de los países de la UE con desarrollo similar a España).
Si los recortes en educación causaron mayor revuelo en la Comunidad de Madrid, en el ámbito sanitario ha sido en Cataluña donde más se han hecho oír las protestas. A la privatización de hospitales, despidos, cierre de quirófanos y las miles de personas en listas de espera para ser atendidas hay que sumarle el posible copago farmaceútico que previsiblemente se impondrá en Cataluña el próximo año, cuando el Parlament apruebe los presupuestos. Cada ciudadano, sin distinción por nivel de ingresos o tipo de enfermedad, deberá pagar un euro por cada medicamento dispensado con receta médica. El gobierno catalán prevé con esta medida unos ingresos de 102 millones de euros.
En otras regiones la sanidad pública también se está viendo afectada y muy endeudada; por ejemplo en la Comunidad Valenciana la deuda asciende a 10.000 millones de euros y es la comunidad con menos gasto sanitario por habitante, en Galicia han aumentado hasta 250.000 las personas en lista de espera, se han suprimido camas y se han dado casos puntuales de médicos contratados por un solo día.
Si bien la sanidad y la educación, pilares del Estado de Bienestar, han sido altamente afectadas por los recortes, no han sido los únicos sectores donde se han aplicado medidas de ahorro: las ayudas a personas dependientes también han sido reducidas en algunas regiones, Castilla- La Mancha ha eliminado la figura del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES), y en la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 50% las tasas de transporte y basura.
Entre las primeras medidas del “plan anticrisis” elaborado por el reciente Gobierno, y aprobadas en el Consejo de Ministros del día 30 de Diciembre, se ha acordado, entre otras cuestiones una prorroga en la congelación de los sueldos de los funcionarios y una ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas , aumento durante los próximos dos años el IRPF de manera progresiva a las rentas de trabajo y capital, incremento del IBI para un 50% de las viviendas, y reducción del 20% de subvenciones a partidos, patronal y sindicatos.
ELENA MUÑOZ MEDINA
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